Durante la dictadura de Pinochet, la mayor parte de las empresas estatales fueron privatizadas a través de procedimientos poco transparentes y lejos de toda posibilidad del accountability ciudadano. Con el objetivo de conocer con mayor profundidad la verdad en este sentido, la Cámara de Diputados generó una Comisión Investigadora, presidida por el diputado Carlos Montes. Luego de varios meses de trabajo, ayer, culminó su labor, estableciendo que fueron 6 mil millones de dólares las pérdidas fiscales de este proceso, sólo entre los años 1978 y 1990. A continuación, mayor detalle, en base a la versión entregada por el sitio web de la Cámara
Con la aprobación del informe de mayoría por 7 votos contra 5, la instancia que presidió el diputado Carlos Montes , terminó su labor. El Informe sitúa en 6 mil millones de dólares las pérdidas fiscales de este proceso, sólo entre los años 1978 y 1990.
Los diputados de la Concertación, destacaron la acuciosidad del trabajo hecho por los parlamentarios, en particular de su presidente, Carlos Montes. Resaltaron que la investigación demostró el enriquecimiento ilícito en que incurrieron los funcionarios del régimen militar que, primero privatizaron las empresas, y luego se retiraron a trabajar en ellas como miembros de sus numerosos directorios.
La comisión acordó remitir los antecedentes de las privatizaciones agrícolas a la comisión de Agricultura; los del sector industrial a la comisión de Hacienda y todo el informe a las universidades para que prosigan la investigación.
La instancia investigadora también acordó habilitar una página web especial para poner en internet todos los datos recopilados.
Montes dijo que, aunque no han querido personificar, hay datos remitidos al Consejo de Defensa del Estado en los que consta la forma en que Julio Ponce Lerou se apropió de tierras campesinas y construyó el capital sobre el que erigió su fortuna. Entre esos datos, dijo el diputado, figura la suscripción de créditos por 150 mil UF a cambio de vacas enfermas que dejó en garantía. Los préstamos los recibió de CORFO y del BID para su Sociedad Monasterio, de las cuales sólo pagó 50.000. En 1983 los tribunales de justicia de la época lo sobreseyeron en la causa que se le siguió.
Finalmente, los diputados de gobierno integrantes de la comisión, anunciaron que, por su cuenta, continuarán investigando la forma en que ha sido traspasada la propiedad de INACAP y la legalidad con que se ha movido esta institución para extender su patrimonio.
Los parlamentarios de oposiciónen tanto, refutaron el informe. Carlos Recondo dijo que "nada" de lo consignado en el documento era valedero, porque carecía de rigor, tenía un sesgo político y no daba cuenta del contexto en que las privatizaciones se produjeron. Añadió que las mismas fueron la resultante necesaria para sacar adelante a un país que estaba sumido en un quiebre institucional y económico.
Su colega Andrés Egaña argumentó en la misma dirección, resaltando que el documento recogía una misma materia en varias partes y sólo era un resumen de documentos sin un hilo conductor. Sostuvo que el trabajo de la comisión estaba destinado a obtener un impacto mediático.
Julio Dittborn, en tanto, quien en la sesión anterior entregó un documento crítico del informe de mayoría, refutó que las privatizaciones se hayan hecho para favorecer a grupos ideológicos. Ejemplificó que los grupos que surgieron en los años 70, al amparo de la primera ola de privatizaciones, fueron los de Cruzat-Larraín y Javier Vial, hoy inexistentes.
