El viernes 5 de agosto entró en vigencia en Chile, la denominada “Ley del Saco”. Esta norma viene a regular las faenas de carga y descarga humanas, estableciendo un peso máximo que los trabajadores pueden transportar. En el caso de los hombres, este máximo es de 50 kgs. por viaje. Las mujeres y los menores de 18 años, en tanto, tienen un tope de 20 kgs. Así, tal como suena. Aunque a veces pudiera olvidársenos, a estas alturas del siglo XXI, aún hay personas cuya subsistencia depende de la realización de labores físicas propias de otra época. Se configuran así sendas brechas laborales y sociales que redundan en la desigualdad que va marcando, lamentablemente, la identidad de nuestro país.
En Chile, la mayor parte de las personas cuyo trabajo depende del “poder transformador de la fuerza física” (Echeverría 2003), han tenido limitadas oportunidades de estudio formal. Ni que decir de los cargadores. Con suerte han completado su ciclo básico de enseñanza.
El desafío que tenemos como país, es generar las condiciones educacionales efectivas para que todos los niños y niñas, tengan la posibilidad cierta de que su futuro laboral esté ligado al ejercicio de trabajos sustentados en el “poder transformador de la palabra” (Echeverría 2003). Y para ello, es clave considerar a la educación como un bien público y no como uno privado que se transa en el mercado. Requerimos además, de un país que sea capaz de generar ciencia y tecnología, y que invierta decididamente en ello. Que sea capaz de discutir sobre cantidad de patentes generadas más que sobre cantidad de sacos al hombro por viaje.
