Para desgracia del deporte nacional, “Chile Deportes” ha sido transformado en un campo de batalla entre Gobierno y oposición. La motivación del conflicto, lamentablemente, no ha tenido que ver con el deseo de imponer una determinada idea de política pública en materia deportiva. Más bien, las denuncias de mal uso de recursos públicos y los sucesivos errores del gobierno en la gestión de la crisis consiguiente, les han proporcionado a los personeros de la derecha, pasto suficiente para criticar ácidamente a dicho organismo, denostándolo hasta tal punto ante la opinión pública, que su credibilidad institucional parece irrecuperablemente dañada.
En este escenario de tremendo perjuicio institucional, y de miopía de las elites en cuanto a las consecuencias de sus declaraciones, no cabe más que proponer ideas de solución para cuando la batalla haya terminado y no quede más por delante que la reconstrucción organizacional.
Desde mi perspectiva, considerando que uno de los elementos más fuertemente perjudicados por el conflicto ha sido la MARCA “Chile Deportes”, creo que una de las primeras medidas a tomar (no la única obviamente) debería ser –con el más bajo perfil público posible- un cambio de denominación.
Existe un precedente de este tipo de acción en el caso del Instituto Nacional de la Juventud a mediados de la década del noventa. La denominación pública de este organismo, luego de un escándalo financiero, pasó de “INJ” a “INJUV”, con lo que todos los atributos negativos quedaron asociados a la primera sigla, despejándosele el camino a la nueva dirección para realizar su gestión sin la pesada carga que significa la desconfianza pública frente a sus acciones.
Esto último es precisamente lo que se debe lograr en el caso que centra nuestro análisis. La realización de actividades deportivas en el país genera tal volumen de externalidades positivas en materia social, y de salud física y mental, que su promoción desde el Estado, requiere necesariamente, ser realizada contando con el respaldo y no con la sospecha de la sociedad en su conjunto.
El cambio de denominación, como dije antes, tiene que ser diseñado cuidadosamente e implementado de manera incremental. Previamente, además, necesita del “sumergimiento” institucional, es decir, de generar un cierto consenso entre todas las fuerzas políticas y la esfera directiva institucional, para que el hoy “Chile Deportes” no aparezca en los medios de prensa mientras dura su periodo de crisálida. Posteriormente, y sin que medie conferencia de prensa alguna que anuncie el cambio, debería reaparecer en los medios, como una “MARCA” nueva, con una tremenda potencia de crecer en atributos positivos, y sin la pesada herencia que significan las acusaciones en las que se ha visto involucrada.
Nombres, pueden ser varios. Sólo se requiere voluntad política, habilidad comunicacional y creatividad. Por el bien del deporte nacional, espero seamos capaces como país, de lograr la combinación de aquellos ingredientes.
En este escenario de tremendo perjuicio institucional, y de miopía de las elites en cuanto a las consecuencias de sus declaraciones, no cabe más que proponer ideas de solución para cuando la batalla haya terminado y no quede más por delante que la reconstrucción organizacional.
Desde mi perspectiva, considerando que uno de los elementos más fuertemente perjudicados por el conflicto ha sido la MARCA “Chile Deportes”, creo que una de las primeras medidas a tomar (no la única obviamente) debería ser –con el más bajo perfil público posible- un cambio de denominación.
Existe un precedente de este tipo de acción en el caso del Instituto Nacional de la Juventud a mediados de la década del noventa. La denominación pública de este organismo, luego de un escándalo financiero, pasó de “INJ” a “INJUV”, con lo que todos los atributos negativos quedaron asociados a la primera sigla, despejándosele el camino a la nueva dirección para realizar su gestión sin la pesada carga que significa la desconfianza pública frente a sus acciones.
Esto último es precisamente lo que se debe lograr en el caso que centra nuestro análisis. La realización de actividades deportivas en el país genera tal volumen de externalidades positivas en materia social, y de salud física y mental, que su promoción desde el Estado, requiere necesariamente, ser realizada contando con el respaldo y no con la sospecha de la sociedad en su conjunto.
El cambio de denominación, como dije antes, tiene que ser diseñado cuidadosamente e implementado de manera incremental. Previamente, además, necesita del “sumergimiento” institucional, es decir, de generar un cierto consenso entre todas las fuerzas políticas y la esfera directiva institucional, para que el hoy “Chile Deportes” no aparezca en los medios de prensa mientras dura su periodo de crisálida. Posteriormente, y sin que medie conferencia de prensa alguna que anuncie el cambio, debería reaparecer en los medios, como una “MARCA” nueva, con una tremenda potencia de crecer en atributos positivos, y sin la pesada herencia que significan las acusaciones en las que se ha visto involucrada.
Nombres, pueden ser varios. Sólo se requiere voluntad política, habilidad comunicacional y creatividad. Por el bien del deporte nacional, espero seamos capaces como país, de lograr la combinación de aquellos ingredientes.
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