Si el gobierno de la presidenta Bachelet logra dar viabilidad a la reforma previsional -diseñada en base al trabajo de la Comisión ad hoc creada a principios de año-, seremos testigos del cambio de mayor envergadura en este ámbito en casi veinticinco años.
Para ello, requerirá de la disciplina tanto de los parlamentarios como de los partidos de su coalición. Necesitará de su irrestricto apoyo a la iniciativa y de una lealtad sin reservas hacia lo que representa el espíritu del cambio legal. Y esto no es un simple detalle. El gobierno y la Concertación, deberán tener la fortaleza y la capacidad negociadora suficiente, como para sortear de manera exitosa, la oposición de poderosos grupos de interés cuyo eje financiero está vinculado con los fondos previsionales.
Muchos parlamentarios de la Alianza (RN y UDI), argumentando falaciosamente "en nuestro nombre", es decir, "en nombre de la patria, del desarrollo, de la libertad, de todos los chilenos," entre otros eufemismos, harán lo imposible por entrabar los cambios.
Recuerden por favor que muchos de ellos representan -casi corporativamente- los intereses de las empresas previsionales, que ciertamente, verán afectadas en algún grado, sus millonarias ganancias.
La Reforma Previsional propuesta por el Gobierno, mantiene en lo fundamental la lógica inicial del sistema previsional inaugurado en 1981, pero busca su perfeccionamiento introduciendo, entre otros cambios, un componente de protección social y garantía estatal y mejorando la competencia en la industria.
Así como van las cosas, en materia previsional estamos en camino a la debacle. Las promesas teóricas iniciales del sistema no se cumplieron. Sus hipótesis respecto al mercado laboral resultaron erradas. Necesitamos, por nuestra salud fiscal y por un compromiso ético con la calidad de vida de los adultos mayores de hoy y del futuro, que este proyecto de ley prospere.
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